El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, anunció una propuesta de ley que estaría encaminada a contrarrestar daños materiales y afectaciones colaterales por protestas y manifestaciones violentas en el estado, al mismo tiempo que condicionaría fondos públicos a municipalidades que no respondan a los actos agresivos o que traten de desviar recursos de las fuerzas policiales.
Redacción negocia en Miami.-
DeSantis planteó que la propuesta estaría encaminada a combatir lo que llamó «manifestaciones desordenadas» con penas mínimas por agravantes de seis meses de cárcel. Y una vez que sean formalmente acusados, no tendrían derecho a fianza, entre otras normas a discutir.
El gobernador DeSantis propone así sancionar por delitos graves a quienes bloqueen el tráfico sin permiso y a quienes participen en manifestaciones que provoquen lesiones físicas o daños a la propiedad, incluyendo estatuas y monumentos, mencionó Diario Las Américas.
La propuesta lleva por nombre Ley de protección contra la violencia, el desorden y el saqueo y la aplicación de la ley, y será “punto focal”, cuando comience la próxima legislatura en marzo próximo.
DeSantis señaló que los municipios o condados que opten por «desfinanciar» a la Policía -restar fondos a los cuerpos policiacos- como respuesta a los actos de abuso policial, que han incitado a la mayoría de las protestas; serían amonestados con un recorte de capital.
En Miami-Dade el alcalde condal, Carlos Giménez, señaló que «la gran mayoría de la gente no está de acuerdo con quitar fondos a la Policía».
En Florida rara vez se producen protestas que conlleven a daños materiales o asaltos a la propiedad privada, como sucedió en Portland y otras ciudades, tras las muertes de George Floyd en Minneapolis y Breonna Taylor en Louisville a manos de agentes de agentes policíacos.
En Miami, a finales de mayo, piedras y botellas fueron lanzadas a la Policía. Incluso dos vehículos policíacos fueron quemados. La Policía respondió con gases lacrimógenos y balas de gomas.
Si la propuesta es aprobada, los gobiernos, tanto del estado como locales, tendrían prohibido contratar a personas que tengan antecedentes penales relacionados con manifestaciones violentas. Y las personas que sean empleados del gobierno y resulten condenados por participar en ellas podrían ser despedidas.
