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Reformas a la ley de condominios dan más protección al propietario

Las reformas a la ley de condominios aprobadas por la legislatura en Tallahassee  y por el gobernador de Florida, Rick Scott, entraron en vigor este domingo primero de julio.

Los cambios al Capítulo 718 del estatuto de la Florida, buscan dar más protección a los propietarios de condominios, castigando penalmente el fraude y eliminando los conflictos de interés.

El gobernador Scott recibió peticiones para vetar la ley de parte de miembros de la industria que da servicios a los condominios, como compañías de mantenimiento y algunos abogados. Pero Scott dijo que firmó la ley, que fue aprobada de manera unánime por la legislatura, para proteger a los propietarios.

“Con todos estos proyectos de ley, trato de tomar en cuenta el impacto que tienen en las familias”, dijo Scott en declaraciones a el Nuevo Herald durante una visita a Miami esta semana. “Muchas personas están enfocadas en el hecho de que las leyes de condominio existentes los han impactado de manera negativa. Es importante para mí hacer lo que sea necesario para ayudar a las personas a las que la ley no ha ayudado”.

Quizás el cambio más significativo y polémico, es la inclusión de castigos penales por acciones que anteriormente las fuerzas del orden se negaban a investigar y procesar.

Los legisladores no tipificaron nuevos delitos. En su lugar, incluyeron referencias a las penalidades que ya existen en las leyes estatales por acciones como la falsificación de firmas, la desaparición de votos o registros de la asociación de propietarios (ahora castigado como alteración o destrucción de evidencia), y el robo de dinero, entre otros. Ahora está claro que estas acciones podrían llevar a los infractores a la cárcel.

“El hecho de que ahora hay consecuencias reales en la ley, le da mucha fuerza al capítulo que regula las asociaciones de condominios. Una vez que se agregan sanciones penales a acciones que de por sí ya deberían ser consideradas delitos, ahí la cosa cambia”, dijo la abogada Addie Albareda, del bufete Albareda & Associates.

“Esta es una ley más agresiva que no solo le da una palmadita en la mano a los que cometen delitos, sino que se puede usar para acabar con la corrupción”.

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