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Evalúan legislar sobre control de armas en Florida

Sobrevivientes de la masacre de Parkland protestan.

Senadores de Florida proponen en Tallahasse más controles en la venta de armas de fuego tras la sucesión de tiroteos masivos y la muerte de cientos de personas en estos sucesos.

Los legisladores piden incluso la derogación de una ley estatal que prohíbe a gobiernos condales y municipales acordar regulaciones propias que limiten las ventas y usos de las armas, señaló el Diario Las Américas.

Una ley de 1987 “se burla de la voluntad de la gente que quiere que sus funcionarios electos decreten leyes con sentido común sobre las armas en sus comunidades”, declaró la senadora demócrata Annette Taddeo.

Un juez del circuito judicial de Florida falló en Tallahassee contra esa ley estatal que penaliza a funcionarios electos de municipios y condados con 5.000 dólares de multa si implementan leyes más severas sobre el control de armas que las que promulga el estado, añadió el Diario Las Americas.

La fiscal estatal Ashley Moody apeló la orden judicial que derogaría la ley y se apresta a defender la existencia de la misma con el argumento de que “una ley estatal sobre el control de armas no puede ser sobrepasada por otra local”, lo que en cierta medida coincide con la posición de Asociación Nacional del Rifle (NRA), que defiende el derecho poseer y portar armas de fuego.

La posesión de armas de fuego aumenta en Florida, sea a través de la obtención de permisos, por compra en 2.390 locales habilitados para la venta o por adquisición ilegal a través de varias vías.

Según las estadísticas publicadas por la organización internacional Gun Policy, cerca de 1,3 millones de personas en Florida poseen algún tipo de arma de fuego, lo que equivale al 6,5% de la población de 20,6 millones de residentes.

Legisladores republicanos y demócratas abogan por disminuir o aumentar las regulaciones existentes, al mismo tiempo que los promotores de la NRA apelan al derecho constitucional de portar armas, ante el creciente debate que cuestiona la vigencia de una legalidad que fue establecida en 1791.

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