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Hispanic Federation cuestiona censo del año 2020

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Preparativos para el Censo 2020 avanzan y para finales de este mes la oficina federal encargada del conteo debe decidir si, por primera vez en más de 50 años, incluye una pregunta sobre ciudadanía en su “cuestionario corto”. La pregunta podría lucir insignificante, pero las ramificaciones de esta decisión podrían tener impacto en todo el país, especialmente en Florida.

El pasado diciembre el Departamento de Justicia (DOJ) exigió que la Oficina del Censo agregara la pregunta sobre el estatus de la ciudadanía. ¿Por qué? El DOJ asegura que necesita saber el número real de ciudadanos y de no ciudadanos en el país para proteger los derechos de los votantes, pues eso permitiría tener “un cálculo confiable de la población en edad para votar en localidades donde se sospecha ocurren violaciones de los derechos de los electores”.

para José Calderón, presidente de la Hispanic Federation, a primera vista esto luce como una meta que debemos aplaudir, pero la verdad es que los estimados de residentes en edad de legalmente participar en elecciones que se obtienen regularmente de la “Encuesta de Comunidades Estadounidenses”, siempre han servido,  y seguirán sirviendo,  para hacer cumplir las leyes sobre elecciones y, en general, salvaguardar los derechos civiles.

Si agregamos la hostilidad de este gobierno en cuanto a proteger los derechos de electores, en lugar de proteger la integridad de todo el proceso electoral, entonces tiene que perdonarme porque percibo las pretensiones del DOJ con gran dosis de escepticismo.

Tristemente, lo que pasará si la pregunta sobre ciudadanía se incluye en el Censo 2020 es que millones de inmigrantes, sin importar su estatus, harán lo posible por evitar ser contados.

Unos $700 mil millones en fondos federales están destinados a estados y ciudades, según datos de la Oficina del Censo. Los inmigrantes de este país tienen preocupaciones válidas sobre compartir información con autoridades del gobierno. Si ellos no participan en el censo, estados con una alta población de inmigrantes perderán miles de millones de dólares en ayuda federal. Florida, que recibe unos $30 mil millones según el censo, estaría entre los más perjudicados.

Eso se traduciría en menos fondos federales para pagar por Medicare, cuidado a niños, almuerzos escolares y planificación de carreteras y otras edificaciones. Para un estado que disfruta de crecimiento económico y del mercado laboral, estos recortes afectarán los servicios públicos, la infraestructura y la economía en general.

Según investigaciones los latinos, envejecientes y más pobres suelen no ser contados adecuadamente en el censo, en comparación con otros estadounidenses.

Debemos hacer lo posible para que el censo sea más exacto, no menos.

Y por eso es importante que los residentes de Florida llamen a sus congresistas y al secretario de Comercio Wilbur Ross y rechacen la pretensión de agregar la pregunta de ciudadanía al Censo 2020. Al estado no se le deben negar los recursos federales que necesita para financiar su crecimiento y atender las necesidades de sus habitantes simplemente porque el gobierno de Trump quiere reducir la participación de los inmigrantes.

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