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Entra en vigencia ley para disfrutar públicamente las playas de Florida

Más de la mitad de las playas de Florida son propiedad privada y por más que en muchas de ellas se permita o consienta el acceso del público, existe el riesgo de que los amantes del sol y del mar acaben, como Adán y Eva, expulsados del paraíso.

Una nueva ley estatal sobre propiedad privada que entrará en vigor este 1 de julio establece cambios en la manera en que los municipios de Florida pueden actuar para garantizar el acceso del público a las playas, un asunto de mucha importancia para un estado en el que el turismo es la industria número uno.

En 2017, un récord de 116,5 millones de turistas nacionales e internacionales, un 3,6 % más que en 2016, visitaron Florida.

Este estado peninsular y sureño cuenta con costas al océano Atlántico y al Golfo de México y se asoma al Caribe por sus famosos y pintorescos cayos, y sus playas, que en conjunto tienen una extensión de 1.320 kilómetros, son un potente imán para turistas.

Significativamente la Corte Suprema de Florida determinó en 1974 que “probablemente no haya una costumbre más universal, más natural y más antigua, en las costas marítimas no solo de EE.UU., sino del mundo, que la de bañarse en el agua salada del océano y disfrutar de toda esta experiencia recreativa al completo”.

“El propósito de esta ley es proteger el acceso público a playas privadas que históricamente han sido disfrutadas por el público para usos tradicionales por cientos de años”, subraya Edwards Walpole, redactora de la sección décima de la ley y asesora de la firma legal Saul Ewing Arnstein & Lehr.

En una playa privada sus propietarios pueden pedir a las personas que se vayan o acusarlos de haber entrado ilegalmente.

Eso rige nada más para el área de arena seca situada delante de las casas, condominios u hoteles en primera línea de playa, pues lo que va desde la línea de la marea alta hasta el mar, el espacio de la arena húmeda o mojada, es público.

A partir de esta nueva ley no podrán hacerlo de manera autónoma sino que deberán seguir un mecanismo legal, que, según explica Edwards Walpole, comprende celebrar “audiencias públicas, obtener el consentimiento de todas las partes involucradas y conseguir la aprobación de un juez”.

“Esta solución -agrega- evita una toma hostil de la propiedad privada de un propietario y al mismo tiempo brinda a las personas acceso público a nuestras playas. Con esta solución, todos ganamos.”

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